Nada termina este 1ero de mayo; la disputa por una verdadera reforma laboral
Los preámbulos y rumores en torno al carácter de la reforma laboral ya han pasado. El contenido de la propuesta del gobierno ya está siendo discutido en la cámara baja y fueron varios asesores, estudiosos y sindicalistas los que pusieron las críticas sobre la mesa, y en conjunto comenzaron a gestar procesos de movilización. Los escasos avances que presenta la reforma laboral, los retrocesos que plantea y las continuidades con los pilares del Plan Laboral de 1979 han sido los ejes centrales en torno a los cuales se ha desatado el conflicto. La elaboración de programa por parte de grupos de trabajadores críticos de la propuesta del gobierno se tradujo en un ya primer hito de unidad sindical el 21 de Abril recién pasado, y se espera una nueva paralización programada en el corto plazo. Es decir, se avecina un ascenso de movilizaciones de trabajadores, con apoyo de otros sectores sociales, en rechazo del proyecto de agenda laboral de la Nueva Mayoría. En esta columna nos proponemos tratar de explicar este ascenso de la conflictividad social y proponer líneas de acción, así como los riesgos que hoy presenta el proceso. Antes de esto, una pequeña contextualización, una caracterización de los actores y una presentación básica de los elementos del proyecto de reforma laboral.
Las promesas del gobierno
El programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet traía para el mundo del trabajo, tal como para muchos otros sectores de la sociedad chilena que se han movilizado para conquistar una serie de derechos postergados, un gran paquete de promesas. En materia laboral, hoy, tanto ilusos como incrédulos ven a estas promesas sucumbir ante la presión empresarial y la tibieza del gobierno para impulsar cambios reales en materia de regulación laboral.
La promesa de un nuevo código del trabajo se impulsaba bajo un supuesto básico; luego de décadas en las que el mundo del trabajo se rigió por el Plan Laboral de José Piñera elaborado en dictadura, era necesario dotar a este espacio de una nueva reglamentación que ubicara a los trabajadores en mejores condiciones de fuerza para negociar sus tratos con los empleadores (“nivelar la cancha”). Esto, debido a que las reglas del juego en materia de relaciones laborales colectivas siguen siendo a grandes rasgos las mismas que diseñó la dictadura de Pinochet, cuyas bases se podrían resumir como (1) la limitación de la negociación colectiva a nivel de empresa (híper-reglamentada y con un reduccionismo extremo de las materias a negociar y convenir, blindando la propiedad privada). (2) Una concepción de huelga (legal) que no paraliza, es decir no es eficaz, debido al reemplazo de trabajadores en huelga. (3) La Despolitización Sindical: La función del sindicato queda restringida a tratar condiciones de trabajo y salariales inmediatas en la empresa, limitándose su representación a sus afiliados, y (4) El Paralelismo de agrupaciones: existe una competencia entre varios sindicatos y entre sindicatos y grupos negociadores dentro de una misma empresa. En resumen, el centro de las reglas del trabajo se encuentran en el contrato individual de trabajo (siendo el trabajador un factor más de la producción que no debería chillar ni pedir de mamar) y en las regulaciones legales que fijen condiciones mínimas de trabajo.
En estas condiciones que individualizan, es evidente que el empleador y el trabajador no tienen la misma fuerza a la hora de sentarse a negociar, y menos antes, cuando se ponen a trabajar. En resumen, las últimas décadas para el mundo del trabajo han significado el sometimiento de los trabajadores atomizados a los designios que en su espacio de trabajo establece el empresario, debido a la serie de impedimentos legales que se han fraguado y a las facultades que a los empresarios se ha entregado para desarticular cualquier intento de construir un poder capaz de oponerse al autoritarismo inherente a la empresa que se genera en torno a la figura de la propiedad privada.
Más allá de los ánimos e intenciones declaradas, vale la pena un análisis crítico del proyecto presentado para entender lo que hoy está en disputa y las posiciones que se han tomado en el conflicto.
La reforma y su mantención/profundización del Plan Laboral
Hemos dicho que cuatro son los pilares fundamentales del plan laboral de la dictadura. A continuación ofrecemos un pequeño balance crítico que muestra cómo estos se mantienen, ahora bajo diferentes leyes, lo que acaba por ser una actualización de una legislación antisindical y anti negociación colectiva.
Respecto al primer pilar, se observa que pese a ser la negociación colectiva un derecho garantizado por múltiples instrumentos y aunque el Plan Laboral y el proyecto de reforma así lo declaren, en el momento de ejercerlo se encuentran un sin fin de impedimentos que hacen de estas declaraciones intenciones que se desvanecen en el aire.
En el proyecto del gobierno la negociación colectiva y la huelga están sometidas a una hiper regulación legal que desmoviliza a los sindicatos. Además, la negociación colectiva sigue siendo inaccesible para la mayoría de los trabajadores dado que el proyecto mantiene la proposición de que el único nivel de negociación lícito sea la empresa. Por esto, la mayor parte de los trabajadores en Chile no pueden ejercer su derecho de negociar colectivamente dado que pertenecen a empresas que, en el papel o en la realidad, carecen del número necesario (8 trabajadores) de empleados como para formar un sindicato. Esto podría solucionarse parcialmente si es que se superaran las trabas que limitan la negociación al nivel de empresa, permitiendo la negociación ramal, pero el gobierno ha descartado esa posibilidad.
Siguiendo con el segundo pilar, el plan laboral somete, y una vez más el proyecto de reforma, a la huelga a una restrictiva regulación, dejándola como un ausentismo laboral justificado más que como un derecho que provoca una alteración en la normalidad productiva, es decir, como una herramienta de presión. Si bien se elimina el reemplazo de trabajadores en huelga siguen existiendo muchas formas para que la huelga sea un “derecho vacío”. Por ejemplo, se le pone como condición el ser pacífica - lo que justificadamente se puede sospechar que resulte en un artilugio para bajar huelgas - y se propone castigar el ejercicio de la fuerza física o moral en esta (criminalización de la huelga). Además, se establece la necesidad de cumplir con los “servicios mínimos”[1], concepto que es bastante ambiguo y en caso de no haber acuerdo sobre su definicón - qué es un servicio mínimo en la empresa en cuestión - se judicializará, entrampando el proceso. Esto resulta una medida a todas luces anti huelga, en la medida de que fortalece la posición del empresario durante el proceso, que verá menos dañados sus intereses y por ende recibirá menos presión para cumplir lo exigido por los trabajadores.
Respecto al tercer pilar el proyecto de reforma sigue entendiendo el ámbito de representación del sindicato a sus afiliados y no tolera intereses más allá de lo contractual y económico, es decir, el sindicato no puede tener voz política. Esto resulta bastante paradójico cuando vemos la eficacia con la que los empresarios se organizan en multigremiales que presentan sus opiniones al mundo político no sólo sobre reforma laboral, sino que incluso recientemente sobre cambios a la constitución. En otras palabras, el código laboral expresa cómo en Chile para ciertos grupos como lo son los trabajadores la actividad política está deliberadamente vetada, muy en contraste con las facultades que se le entregan al empresariado para representar sus intereses en estas temáticas.
Sobre el cuarto pilar, se debe señalar que si bien el gobierno concedió la titularidad sindical, permitiendo sólo a los sindicatos negociar y acabando con los grupos negociadores que permitían generar un paralelismo extremo, el proyecto, mantiene plenamente la opción de la extensión de beneficios por parte de la empresa, sólo modificando el mecanismo con acuerdo del sindicato que ahora cargará con la responsabilidad de decidir si extender o no los beneficios de la negociación. Es decir, se puede seguir accediendo al contrato colectivo, fruto de negociaciones del sindicato, sin la representación sindical. No hay un incentivo para aumentar la sindicalización en el proyecto, que era precisamente lo que buscaba el paralelismo en el plan laboral.
Además de estos elementos del Plan Laboral mantenidos vivos por el proyecto de reforma, hay un elemento clave que juega en contra a los trabajadores: la flexibilidad pactada que permite negociar los derechos laborales mínimos establecidos en la ley. Esto, en las actuales condiciones del sindicalismo, sería difícil esperar que desemboque en una negociación que beneficie al trabajador. Veremos pronto que este elemento ha sido clave en la pugna desatada en torno a la reforma laboral.
Oposiciones, impulsos y críticas; articulando una oposición desde los trabajadores.
Como dijimos, el gobierno comenzó a fraguar su propuesta con aires progresistas que supuestamente apostaban por saldar una mínima parte de lo adeudado a los trabajadores por estos años de vigencia de la legislación dictatorial. Obviamente, la respuesta general de los empresarios no se hizo esperar y, salvo excepciones que veían la posibilidad de mejorar la posición de sus intereses - tal cual se logró con la legalización del subcontrato en 2006 - todos los organismos gremiales descartaban la necesidad de una reforma laboral, recurriendo a las ya conocidas amenazas sobre el crecimiento, la inversión y la empleabilidad.
Ante este panorama, la CUT liderada por Figueroa (PC) asumió la tarea de impulsar la reforma desde la multisindical, sin embargo esta disputa se daba aún sin conocimiento de cuál era la propuesta real del gobierno. Al salir esta a la luz el primer esbozo del proyecto, desde la dirigencia comunista de la Central Unitaria demoraron en acusar recibo del golpe, y la defensa continuó, suponemos que sin un análisis más acabado de la presentación, dados los antecedentes expresados en el apartado anterior.
De forma paralela se fue gestando, ante los anuncios en el programa Bachelet de una nueva reforma laboral, un bloque que actuó con cautela ante la suspicacia que le producían las promesas. Así, diferentes sindicatos de los sectores estratégicos para la matriz productiva chilena comenzaron un trabajo de coordinación y discusión para desarrollar una postura propia en torno a la reforma.
Esta coalición, agrupada principalmente en torno al negocio forestal, la minería, los puertos y la construcción ha generado un pliego de demandas que instale las reivindicaciones históricas del mundo del trabajo, por sobre las medidas atenuantes de la actual reforma laboral, y al mismo tiempo exige extraer los artículos más polémicos de la reforma que le otorgan un carácter pro-empresa, como lo referente a la flexibilidad laboral.
La iniciativa de este sector logró articular, luego de polémicas declaraciones y una agitada presentación en el parlamento, un primer hito de advertencia al empresariado y al gobierno el día 21 de abril, en el que junto a la CUT paralizaron actividades y colocando sobre la mesa sus demandas.
A pesar del éxito de la iniciativa, el desafío para quienes apuestan por obtener ganadas reales para los trabajadores en esta pasada es mantener la articulación y la movilización. Esta tarea no es menor, dado que la postura desde la CUT aún no está clara y la participación de este actor es clave en la oposición al estado actual de la reforma, que de aprobarse como hoy se encuentra significaría el cierre del conflicto laboral en Chile por varios años más, incluso con considerables retrocesos que ya hemos esbozado.
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[1] En otras legislaciones donde se usa el concepto de “servicios mínimos”, estos dicen relación con prestaciones que no pueden ser suspendidas por necesidades sociales (salud, por ejemplo). En el proyecto de reforma el concepto ha sido tergiversado buscando dar mayores garantías al empresario durante la huelga.